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Yo ya te digo, estoy acostumbrado a leer en las revistas de la OCU críticas a la administración, tanto en la legislación sobre comercio y consumo privados (competencia, protección del consumidor, etc.) como en la prestación directa de servicios públicos (sanidad, ventanilla electrónica, trámites presenciales, recaudación de impuestos, etc.)
Me parece bastante natural que las ACUs asuman también la defensa del ciudadano frente a los servicios de la administración. Parece que, según la ley a la que pones un enlace, esto es una extralimitación de sus competencias:
Aunque:
¿Qué quiere decir aquí "pública o privada"? Me pierdo en la jerga legal.
En cualquier caso, lo tétrico del asunto reside en la amenaza de hacer una interpretación estricta de la ley, que parece que se relaja en otros casos, con la consiguiente retirada de subvención por una campaña contraria a la política gubernamental. Recordemos, por ejemplo, que la conferencia episcopal hace campañas en contra de ciertos aspectos del derecho civil. Va a haber que mandarles una cartita a ellos también.
Yo ya te digo, estoy acostumbrado a leer en las revistas de la OCU críticas a la administración, tanto en la legislación sobre comercio y consumo privados (competencia, protección del consumidor, etc.) como en la prestación directa de servicios públicos (sanidad, ventanilla electrónica, trámites presenciales, recaudación de impuestos, etc.)
Me parece bastante natural que las ACUs asuman también la defensa del ciudadano frente a los servicios de la administración. Parece que, según la ley a la que pones un enlace, esto es una extralimitación de sus competencias:
Alguien escribió:Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta norma será de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios.
Aunque:
Alguien escribió:Artículo 4. Concepto de empresario. A efectos de lo dispuesto en esta norma, se considera empresario a toda persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada.
¿Qué quiere decir aquí "pública o privada"? Me pierdo en la jerga legal.
En cualquier caso, lo tétrico del asunto reside en la amenaza de hacer una interpretación estricta de la ley, que parece que se relaja en otros casos, con la consiguiente retirada de subvención por una campaña contraria a la política gubernamental. Recordemos, por ejemplo, que la conferencia episcopal hace campañas en contra de ciertos aspectos del derecho civil. Va a haber que mandarles una cartita a ellos también.
Si FACUA presentase un informe denunciado la calidad de la alimentación en los hospitales, la falta de calefacción, o el deterioro de la prestación del servicio... yo lo vería completamente lógico, sería su función. O si ahora comparasen la atención entre hospitales públicos y privatizados, o la comida, o los resultados de los colegios de igual modo. Pero, ¿denuncia preventiva?.
