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Reacciones contrarias a la modificación de la LPI y LSSI

Privacidad

Las reacciones contra la "reforma sorpresa" de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) no se han hecho esperar. La web de RTVE recoge las opiniones de dos abogados especialistas en la materia, David Bravo y Javier de la Cueva, y la del presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo.

David Bravo explica que "el Ministerio de Cultura ya intentó la persecución de estas páginas con una redada a las webs de e-links. Sin embargo los jueces declararon que no eran delictivas. Con esta modificación lo que el Ministerio de Cultura está diciendo a la sociedad de autores es "no te preocupes por estos casos, porque mañana las voy a cerrar yo". Se quita así del medio a los jueces".

Javier de la Cueva ha dicho que "el primer afectado por esta ley sería Google, que es la web de enlaces por excelencia". "Es una vuelta a la Prehistoria", añade de la Cueva, que afirma contundentemente que "un enlace jamás vulnera la propiedad intelectual".

Por su parte, Víctor Domingo afirma que esta Ley está hecha con "encaje de bolillos". Lo más preocupante, según Domingo es que estos cambios "ponen en solfa los derechos fundamentales". Para la Asociación de Internautas "no estamos hablando de intercambios de archivos, sino de que esta ley puede afectar a los derechos fundamentales" como el derecho a la privacidad en las comunicaciones.

Recordemos que, "para velar por los derechos de los autores en Internet", la Ley de Economía Sostenible ha introducido una disposición adicional indicando que será el Ministerio de Cultura quien asuma estas competencias y no un juez.

El ministerio contará para ello con un nuevo órgano: la Comisión de Propiedad Intelectual. Un "organo colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley."

Según RTVE, tras el revuelo armado al conocerse la noticia, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha tenido que salir al paso ante los medios y ha insistido en que el proyecto de Ley de Economía Sostenible no prevé que se corte el servicio de internet a los usuarios "en ningún caso", sino que actuará frente a quienes exploten los derechos de autor de obras ajenas.

También está circulando un "Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet", que nosotros hemos copiado del blog de Enrique Dans.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
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