Europapress escribió:La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado por unanimidad el informe en el que se recogen sus propuestas y recomendaciones para elaborar un nuevo Estatuto del Artista. El documento, que ahora deberá ser ratificado en el Pleno, plantea, entre sus principales propuestas, la necesidad de modificar hasta tres leyes, la de IRPF, de Autónomos y de Enjuiciamiento Civil, para adaptar la normativa española a la realidad de la profesión cultural.
El informe se centra en los tres principales problemas que los representantes de la cultura trasladaron a la comisión: Fiscalidad; protección laboral y Seguridad Social; y compatibilidad de entre prestaciones por jubilación e ingresos por derechos de autor.
Este texto se ha concebido, según explicaron sus creadores, como una agenda legislativa de igualación de derechos, en la que, además de las normas antes mencionadas, habría que tocar algunos reales decretos. Algunas de estas propuestas, según han explicado, llegan a tocar textos que afectan directamente a todos los trabajadores, aunque, el decreto más nombrado en el documento es el regula la relación especial de los artistas en espectáculos públicos.
En materia de fiscalidad, la comisión plantea dos alternativas para mejorar la situación de los artistas y sus "rendimientos irregulares". En una primera opción recomienda la promediación de ingresos basado en medias móviles de los rendimientos netos del trabajo o de la actividad económica declarados en los últimos 3 o 4 años --como en Reino Unido, Dinamarca o Bulgaria--, mientras que también plantea la posibilidad de que se limite la progresividad de la tarifa cuando, por la natural y específica condición de la vida profesional, pueda estimarse que esta queda reducida a períodos más cortos que los comunes al resto de los contribuyentes.
Iva del 10%
En este último caso, el propio texto reconoce que está "menos ajustado a la realidad de la media de ingresos obtenidos a lo largo de un período de referencia". También en materia de fiscalidad, la comisión propone que toda la cadena de valor de la actividad artística pase de tributar del tipo general (21%) al reducido (10%) y adaptar la ley que regula el IRPF para que los artistas y creadores se puedan acoger a la exención del 30% que contempla la norma para este tipo de ingresos y que, debido a la actual redacción, les queda vedada.
Del mismo modo, se especifican los gastos que los profesionales deberían poder deducirse en sus rendimientos del trabajo, siempre contemplando máximos anuales y condicionantes. Estos gastos son los de formación; gastos de instrumentos y herramientas de trabajo; y gastos de honorarios y comisiones percibidas por representantes artísticos, agentes y demás intermediarios.
En lo que respecta a las deducciones en los rendimientos de actividad económica, el texto advierte del gran número de litigios que se producen ntre contribuyentes y Agencia Tributaria al respecto. Para reducir estos casos, proponen introducir en la norma del IRPF criterios objetivos sobre los gastos fiscalmente deducibles (aplicables a todos los contribuyentes) y nuevas reglas sobre adquisición y mantenimiento de vehículos; gastos por promoción y relaciones públicas; o gastos en transporte público entre lugar de residencia y de trabajo; entre otros.
Compatibilidad entre jubilación y derechos de autor
El informe también aborda la protección laboral de los profesionales de la cultura y su relación con la Seguridad Social. La subcomisión apuesta por ampliar y adaptar los mecanismos de cobertura social a la nueva realidad productiva del sector, así como la consideración de relación laboral de carácter especial contemplada en el Estatuto de los Trabajadores.
Además, se llama a solucionar la compatibilidad de prestaciones públicas con ingresos por derechos de propiedad intelectual y actividades creativas. El objetivo, según explicaron los miembros de la comisión, es que no se pierda el capital intelectual que aportan creadores y artistas, particularmente en su etapa de madurez, cuando la experiencia acumulada puede favorecer la producción de obras o actuaciones más completas. Por ello, el texto asegura que "no debería obligarse a este colectivo a tener que escoger entre perder el cobro de sus prestaciones públicas o seguir en activo".
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